El caso ProCultura ha adoptado un nuevo rumbo luego de que el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, modificara el enfoque que aplicaba su predecesor. Durante el debate de reelección, el gobernador Claudio Orrego (ex DC) declaró que “aquí no va a haber formalización, porque nosotros hemos actuado siempre con absoluta transparencia”, una afirmación que ahora se ve cuestionada ante la inminencia de la audiencia de desafuero programada para el 6 de octubre a las 9:00 a.m. por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
En dicho proceso, se evaluarán los antecedentes presentados por Eduardo Ríos, fiscal jefe de alta complejidad, y la defensa del gobernador, representada por Rodrigo de la Barra. De concretarse la resolución que retire el fuero de Orrego, la fiscalía podría formalizar cargos por fraude al fisco y otros delitos relacionados con el caso, incluso solicitando medidas cautelares que incluyan la prisión preventiva.
El revés para Orrego se vincula directamente con el viraje en la estrategia del fiscal Castro, quien releyó más de 70 mil páginas de la carpeta heredada de su predecesor Patricio Cooper, quien se desvinculó del caso en mayo tras controversiales interceptaciones telefónicas. Cooper había señalado, el 30 de julio, su intención de formalizar a 14 personas vinculadas a ProCultura, abarcando desde figuras directivas hasta integrantes relacionados, sin incluir a gobernadores.
La controversia se remonta al 8 de junio de 2022, cuando el Consejo Regional Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador Orrego de nombrar al psiquiatra Alberto Larraín, cofundador de ProCultura y ahijado político de Orrego, como director de la Corporación de Desarrollo. Veintiún días después se autorizó la entrega de 1.683.788.000 pesos para financiar el programa para prevenir suicidios “Quédate”, en el que, además, Orrego fue declarado imputado y se levantó su secreto bancario. Más adelante, en mayo de 2024, el mismo ente regional interpuso querella contra la fundación por presunta apropiación indebida de 1.010.379.291 pesos, complicando aún más la figura del gobernador, quien se encontró en una doble situación de imputado y querellante.
El nuevo criterio de Castro se centra en el potencial conflicto de interés entre Orrego y Larraín, hecho señalado en la solicitud de levantamiento del secreto bancario concedida el 25 de febrero de este año. En dicha petición se expuso que, previo al convenio, el Consejo Regional había ratificado el nombramiento de Larraín Salas como director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo, cargo propuesto por el propio Orrego. Además, el contrato de prestación de servicios que ligaba a Larraín con ProCultura preveía una remuneración de 6.000.000 de pesos mensuales, de los cuales 1.500.000 pesos se financió a partir de los fondos traspasados por el Gore Metropolitano desde abril de 2023.
El giro procesal suscitó interrogantes respecto al destino de otras autoridades. En el marco de la causa, se han señalado como imputados a los gobernadores Claudio Orrego, Rodrigo Mundaca (Ind-FA) de Valparaíso, Jorge Flies (Radical) de Magallanes y Ricardo Díaz (ex RD) de Antofagasta, mientras que el exgobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (ex DC), también fue implicado. Por otro lado, Oscar Crisóstomo (PS) del Ñuble optó por guardar silencio ante la coyuntura.
Con este nuevo escenario, el caso ProCultura, que versa sobre el presunto traspaso irregular de 6 mil millones de pesos a la fundación desde el Ministerio de Vivienda y siete Gobiernos Regionales durante el mandato del Presidente Gabriel Boric, continúa generando un amplio debate en los ámbitos judicial y político. La audiencia de desafuero del 6 de octubre podría marcar un hito en la carrera judicial de Orrego, en tanto se analizan detenidamente los vínculos y posibles irregularidades en la administración regional.
Autor: Jorge Rojas