En un giro inesperado, el proyecto Dominga ha sido nuevamente protagonista de controversia luego de que se difundieran evidencias de millonarias transacciones efectuadas por Andes Iron a abogados imputados por sobornos a jueces. Investigaciones recientes, difundidas por Reportea, señalaron que entre marzo y diciembre de 2023 se realizaron pagos por concepto de ‘minutas’ y ‘lobby judicial’, ascendiendo a un total de 255 millones de pesos, dirigidos al estudio jurídico conformado por Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes actualmente están detenidos en el marco del caso denominado ‘muñeca bielorrusa’ que desembocó en la destitución de altos funcionarios del Poder Judicial, entre ellos Ángela Vivanco.
La investigación revela además que Vargas y Lagos habrían canalizado sumas a exdiputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber y Aldo Cornejo, por servicios de asesoría jurídica y posicionamiento, mientras que otras transferencias se dirigieron a la esposa del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus; conexiones que han emergido sin que se aclare el propósito exacto de estos pagos. Por su parte, Patricio Leyton, abogado principal de Dominga y representante de Andes Iron desde sus orígenes, negó tener registro de la contratación del estudio de Vargas y Lagos, en un contexto en el cual el proyecto fue rechazado por segunda vez en comienzos de 2023 por el Comité de Ministros, luego de recibir numerosas reclamaciones de comunidades locales.
En agosto de ese mismo año, la empresa interpuso recursos ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, trámite que culminó en un acuerdo en diciembre, mientras continuó financiando servicios de lobby judicial. El fallo, que obligó a convocar una nueva votación del proyecto bajo condiciones impuestas al Comité de Ministros, generó fuertes críticas entre abogados y académicos, quienes consideraron que excedía las competencias del tribunal.
Las reacciones no se hicieron esperar desde diversos sectores. Rodrigo Flores, presidente del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Archipiélago de Humboldt, advirtió que estos hechos demuestran que “el dinero lo puede todo” y resaltó el impacto negativo que tendría sobre los más de 1.500 empleos directos en la pesca artesanal. De igual manera, Marcelo Villalobos, líder de la Corporación de Turismo Sustentable de La Higuera, calificó el proyecto de “falso de principio a fin”, mientras que Nancy Duman, vocera de Alianza Humboldt Coquimbo Atacama, denunció serios conflictos de interés y riesgos irreversibles para la biodiversidad de la región.
Desde el ámbito ambiental, Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana en Chile, manifestó que la reciente aparición de irregularidades no es fortuita, recordando los vínculos existentes de Dominga con escándalos previos como el caso Penta, los Pandora Papers y el caso Audios. Según Rheinen, este nuevo episodio empaña la imagen del país y subraya las advertencias científicas sobre los posibles estragos que el proyecto podría causar en el Archipiélago de Humboldt.
En el Congreso, parlamentarios que han seguido de cerca el caso, como el diputado Daniel Manouchehri (PS) y la diputada Daniella Cicardini, denunciaron la gravedad de los hechos. Manouchehri resaltó que la ruta del dinero, pasando de Dominga a los mencionados abogados y luego hacia la esposa del juez Jean Pierre Matus, es evidencia de un entramado corrupto que involucra a nombres como Simpertigue y Ángela Vivanco. Ambos legisladores confirmaron haber presentado una denuncia ante la Fiscalía, exigiendo la completa investigación de las irregularidades y la transparencia en un proyecto que, según expresaron, compromete tanto la justicia como el bienestar de las comunidades locales.
Autor: Roberto Sánchez